Los términos del libre comercio que México ha pactado con diversos países –especialmente en el ámbito del TLCAN y el TLCUEM- dan una gran cantidad de privilegios a las corporaciones trasnacionales. Con estas canonjías las trasnacionales violan impunemente los derechos humanos de mexicanas y mexicanos incluyendo los laborales, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al desarrollo. Las corporaciones tienen derecho a todo y obligaciones con nada ni nadie: no tienen que dar cuentas ni a sus gobiernos ni a los que los hospedan, ni a la sociedad civil ni a los organismos de derechos humanos de la ONU.
Por esta razón ha habido, al menos desde principios de los 1990s, una fuerte oposición a las negociaciones secretas, a espaldas de la sociedad civil. Las organizaciones civiles y sociales reclaman democratización de los procesos de negociación y renegociación de los aspectos más negativos del libre comercio, en particular lo relacionado a inversiones (principios de trato nacional, privatizaciones indirectas, reglas de origen, requisitos de desempeño) y a privatizaciones de sectores con los que se satisfacen diversos derechos humanos (educación, salud, agua).
Más recientemente las organizaciones de derechos humanos han empezado a abordar los acuerdos comerciales desde su particular perspectiva –una que empodera a los ciudadanos/as, ubica como responsable al Estado y busca ampliar el ámbito de rendición de cuentas a las corporaciones mismas.
Sin embargo hay un hueco en todo esto: la lucha que se da desde la identidad del consumidor. Sin reducir la ciudadanía –particularmente la cada vez más clara idea de ciudadanía global- a la del consumo de bienes, los derechos que otorgan hoy en día el reconocimiento del consumidor como un sujeto social implican una herramienta estratégica en lucha contra el comercio desregulado, violador de derechos humanos. Ante la hegemonía del discurso que sataniza la intervención del Estado y da impunidad a las trasnacionales, el poder de decidir a quien se compra y a quien no, y sobre todo las razones por las cuales se opta por ello, es una herramienta de lucha que no se ha explotado en nuestro país y que debería empezar a ser explotada para contribuir, de forma complementaria, a las luchas por la democratización de los procesos de toma de decisión y a la lucha por tratar de construir un Estado que regule la economía sin llegar a ser un Súper Estado como lo fue desde los 50 hasta finales de los 70.
Si usamos la identidad de consumidores –de forma complementaria a la de mujeres, defensores de derechos humanos, ecologistas, trabajadores, vecinos, etc.- podremos utilizar una poderosa herramienta que puede contribuir a la lucha más amplia.
No se trata de salir a destruir McDonalds o simplemente de dejar de consumir productos Nestlé. Se trata de hacer un programa de activismo basado en la identidad de consumidores, como eje estratégico que potencie la capacidad de interlocución con el gobierno y las trasnacionales con una agenda muy amplia de derechos humanos que reivindique las obligaciones del Estado respecto del derecho al desarrollo, y la obligación (no la simple “responsabilidad”) del sector corporativo respecto de los derechos al medio ambiente, al trabajo (y en ello el derecho a la vivienda, la salud, la seguridad social, la no discriminación) y al desarrollo (las trasnacionales deben contribuir a la creación de un ambiente económico, social, cultural y político en el que los ciudadanos/as disfruten del nivel más alto de vida).
Este programa tendría tres vertientes.
Cabildear por el reconocimiento de los derechos de los consumidores a la información sobre los productos que adquieren (si hay contenidos transgénicos, si son respetuosos del medio ambiente, de donde provienen, si se respetaron, los derechos humanos de los trabajadores/as).
Difusión de las Normas sobre las responsabilidades de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, de la ONU.
Información y difusión al público general sobre el desempeño de las trasnacionales en materia ambiental, laboral, obligaciones sociales con la sociedad e información al público.